En Cataluña, de acuerdo a datos recogidos por el Consejo del Poder Judicial, fue donde se presentaron más concursos de personas físicas, exactamente 799 casos en el transcurso del 2017 aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad para poder solicitar la cancelación de las deudas contraídas. Concretamente, los concursos de personas físicas representan el 35,7 por ciento de todos los concursos presentados a nivel estatal. Así mismo, Cataluña también fue líder en plantear 1067 concursos de empresas ante los Juzgados de lo Mercantil, equivaliendo al 19,9 por ciento del Estado español.
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Existen unos requisitos mínimos para poder solicitar la exoneración de las deudas acumuladas y son los siguientes:
- Ser autónomo o un particular, porque es una ley centrada en las personas físicas que asalariadas o empresarias que se encuentran en una situación de imposibilidad de pago. El concurso es comparable al concurso de acreedores de las personas jurídicas.
- El conjunto de deudas no asciendan a la cantidad de 5 millones euros.
- Estar libre de antecedentes penales, dato que se acredita mediante la presentación del correspondiente certificado.
- Que no les preceda ningún concurso en el que eran culpables. Por ejemplo, los autónomos deberán acreditar que no tuvieren un concurso anterior derivado de una gestión negligente.
- Puede ser empleado/a o desempleado/a
- Que la situación de imposibilidad de pago no se derive de una o unas actuaciones de mala fe.
La dificultad de la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad radica en las deudas contraídas con el poder público, ya que las administraciones públicas son reacias a someterse al régimen de la segunda oportunidad. Eso es posible que cambie cuando España lleve a cabo las modificaciones para trasladar normativa europea que trata sobre la materia. Aún así, como precedente el 31 de enero 2018 el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona exoneró de las deudas a un autónomo que debía a la Hacienda.